Por: Javier Ríos Gómez- Especialista en Finanzas y Alta Gerencia
Todas las medidas económicas
que se han impulsado desde el Gobierno en esta crisis, han estado dirigidas, en
mayor parte, a beneficiar al Sector Financiero y estrategias de ayudas
efectivas al sector productivo, a las empresas y en particular a los ciudadanos
deudores del común, no se han evidenciado.
La Junta Directiva del Banco
de la República (JDBR), como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia,
conforme al artículo 372 de la Constitución Nacional, en su última reunión del
27 de marzo de 2020, de manera unánime, decidió disminuir la tasa de interés de
intervención de política monetaria en 50 Puntos
básicos, es decir, la bajo de
4.25 % al 3.75%.
La tasa de interés de intervención de política monetaria, es la tasa
de interés mínima, que el Banco de la República cobra a las entidades
financieras, por los préstamos que hace mediante “operaciones de mercado abierto”
(OMA) que otorga en las subastas de expansión monetaria a un
día.
Esta tasa de interés,
constituye el principal mecanismo de intervención de política monetaria usado
por el Banco de la República, para afectar la cantidad de dinero que circula en
la economía.
Lo anterior significa, que
al bajar el costo de adquisición del crédito a los intermediarios financieros,
en el Banco Central, esta decisión debería impactar rápidamente y hacia la
baja, el costo financiero que le cobran por las deudas, a las empresas y
personas naturales en Colombia.
Pero no es así, ya que el “Pass-through”
de las tasas de interés en Colombia por este efecto, no funciona igual, ni con la
misma velocidad, como cuando la JDBR sube la tasa de interés de intervención,
puesto que el resultado en el costo de los créditos a los usuarios, es
inmediato, suena raro pero siempre ha sido así.
Es claro advertir, que esta
medida de la JDBR solo servirá para aumentar las utilidades de los bancos
debido a que seguirán prestando a tasas altas, con costos decrecientes.
Las utilidades de los bancos
durante el año 2019 aumentaron en 10,6% y llegaron a $13,1 billones, dinero que sale del bolsillo
de todos los colombianos.
El gobierno debería, por
decreto de emergencia económica, determinar el máximo de la tasa de
intermediación financiera, para que se obligue a los bancos a disminuir el
costo del crédito, ya que en un Estado Social de Derecho, con una constitución
política, que prácticamente es una
constitución económica, porque consagro en ella el “modelo económico
neoliberal”, esto no funciona por la buenas, porque es el sector financiero
quien ejerce la posición dominante en el mercado.
Aquí y en este momento, no
se le puede dejar esta decisión a la mano invisible de Adam Smith, determinante
es, que el Estado intervenga de una vez por todas.
