Por
Javier Ríos Gómez
Según el informe técnico del DANE, el costo de vida hasta abril de 2022 creció 5,66% y en el año completo 9,23%.
El comportamiento anual fue
explicado principalmente por la variación en las divisiones de Alimentos y
bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles.
El salario mínimo para 2022 fue
aumentado en 10,07% en diciembre del año pasado y el incremento real, descontada
la inflación de 2021 (5,62%) fue del 4,45%,
que comparado con la inflación hasta abril de 2022, muestra que la carestía
ya hizo trizas el aumento.
La pérdida galopante del
poder adquisitivo de los salarios, sobre todo los de la gente de menos
recursos, hace que deban entregar más dinero por los bienes que demandan,
comprar menos con el mismo ingreso, sustituir consumos por otros de menor
calidad y precio, tener que buscar ingresos adicionales, no consumir o lo peor
endeudarse con el sector financiero o el gota a gota.
Un informe reciente de la firma
Raddar mostro que, “… por cada 100 pesos, los hogares colombianos destinan
31,30% a alimentos para el hogar; 6,85% va para comidas fuera del hogar; 24,35%
se destina a gastos relacionados con la vivienda; 3,22% a moda; 7,71% a
bienestar; 4,46% a educación; 15,34% a transporte y comunicaciones; 0,68% a
electrodomésticos y 5,89% a entretenimiento.”
“Los hogares están designando mayor parte de su gasto a los alimentos, debido a los altos precios y su alta importancia dentro de las canastas de consumo. Así mismo, comidas fuera del hogar superó el nivel de gasto registrado en años anteriores, teniendo en cuenta un consumidor motivado por nuevas experiencias, espacios y degustaciones”.
Preocupadas las centrales obreras por la situación de la gente pobre y de clase media, están proponiendo un aumento generalizado de los salarios.
Ya en columnas anteriores
planteamos que incrementar salarios, sin que el Gobierno ponga en ejecución
mecanismos de contención del aumento generalizado en los precios y de la
especulación, no es viable, pues la decisión para el caso actual, desembocaría en más inflación y
desempleo, pues potencialmente obligaría a los empresarios con mayores costos,
a prescindir de personal. Sería más malo
el remedio que la enfermedad.
El control a los precios y a la especulación, implicaría
la revisión del modelo económico actual que
consagra la libertad de precios en el marco de una economía de mercado, donde
los precios se forman a través de la ley de oferta y demanda.
Seguir importando lo que
aquí se puede producir, como alimentos, materias primas, insumos y bienes
intermedios, que cada día cuestan más por la inflación creciente en los países
proveedores y la devaluación del peso colombiano, al igual que lo dicho en el
párrafo anterior, haría necesaria la revisión de los TLC firmados por Colombia
y de la Política Comercial Exterior, asuntos que son de competencia del Gobierno actual, pero fundamentalmente del
que se posesione el 7 de Agosto.
Como se puede observar, hay
poca capacidad inmediata de maniobra para disminuir la inflación, porque las
acciones que se deben acometer, son de extremada urgencia y de política
económica, que comprometen, no solo al ejecutivo, sino al legislativo, en el
marco de un escenario eminentemente político por la elección presidencial.
Si la inflación sigue su
rumbo creciente podría comprometer también la oferta y el aparato productivo
nacional, puesto que a menos capacidad adquisitiva, menos consumo y esto sería
muy grave para la economía nacional.
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