21 de febrero de 2020
En una Declaración final se
describen las conclusiones preliminares del personal técnico del FMI al término
de una visita oficial (o ‘misión’), realizada en la mayoría de los casos a un
país miembro. Las misiones se llevan a cabo ya sea como parte de consultas
periódicas (por lo general anuales) dentro del marco del Artículo IV del
Convenio Constitutivo del FMI, en el contexto de una solicitud de uso de los
recursos del FMI (es decir, un préstamo del FMI), como parte de las
conversaciones sobre programas supervisados por el personal, o como componente
de otros estudios de la situación económica que lleva a cabo el personal.
Las autoridades han otorgado
su consentimiento a la publicación de esta declaración. Las opiniones
expresadas en esta declaración son las del personal técnico del FMI y no
representan necesariamente las del Directorio Ejecutivo. Sobre la base de las
conclusiones preliminares de esta misión, el personal técnico elaborará un
informe que, una vez aprobado por la Gerencia, será presentado al Directorio
Ejecutivo del FMI para debate y decisión.
Crecimiento Resiliente en un
Ambiente con Desafíos
En contraste con las débiles
tendencias regionales, la resiliente economía colombiana creció al 3.3 por
ciento en 2019. A pesar de condiciones externas difíciles y de las tensiones
sociales en América Latina, la demanda interna—incluida la generada por el
sustancial flujo migratorio desde Venezuela—ha impulsado el crecimiento,
mientras que un ampliado déficit externo se ha financiado en gran parte por inversión
extranjera directa estable. Sin embargo, las vulnerabilidades asociadas con los
riesgos a la baja han aumentado. Los esfuerzos dirigidos a elevar los ingresos
fiscales de manera progresiva, a mejorar la eficiencia del gasto público, a
estimular la competitividad externa y a integrar trabajadores al sector formal
(incluidos los inmigrantes), continúan siendo decisivos para la inclusión
económica y la prosperidad.
1. Los encomiables esfuerzos
de Colombia por integrar a los inmigrantes venezolanos continúan estimulando la
actividad económica. Con la llegada de más de 2 millones de personas en años
recientes, la sociedad colombiana ha demostrado un compromiso y apoyo ejemplar
a los inmigrantes vulnerables, con costos fiscales estimados anuales de alrededor
de ½ por ciento del PIB en el corto plazo. Se espera que estos costos
disminuyan a medida que los inmigrantes se integren a la economía, asistidos
por la reciente expansión de los programas de permisos especiales de trabajo y
permanencia. El flujo de migrantes estimuló el crecimiento de la economía en
aproximadamente ¼ por ciento el año pasado, y este ha sido absorbido en gran
parte por el sector informal, mostrando hasta ahora poca evidencia de
desplazamiento laboral. Se espera que la migración venezolana continúe siendo
un motor de crecimiento para Colombia, donde el grado de ganancias potenciales
dependerán de la velocidad con la que los migrantes se integren a la economía
formal.
2. A diferencia de sus pares
regionales, el crecimiento de Colombia se fortaleció en 2019 . A pesar de un
crecimiento regional y global más lento, el PIB real creció al 3.3 por ciento
en 2019, teniéndose proyectado un crecimiento del 3.4 para 2020, liderado por
la demanda interna. Se espera que la inmigración sostenida, las remesas, y las
condiciones monetarias y crediticias acomodaticias continúen sosteniendo la
demanda privada interna, incluyendo la creciente inversión. A pesar de la
resiliencia del crecimiento, el mercado laboral continuó siendo débil en 2019.
3. La fuerte demanda interna
y el pobre desempeño de las exportaciones han ampliado los desequilibrios
externos. La robusta demanda interna, incluida la que se debe a flujos
migratorios y más altas compras de bienes de capital, llevó a un aumento de las
importaciones. No obstante, las exportaciones se ralentizaron debido a una
demanda externa débil y a una caída en los precios de los productos básicos, en
un contexto de impedimentos estructurales a la competitividad externa
colombiana. Las remesas más altas e ingresos por turismo, sin embargo, han
compensado en parte el deterioro de la balanza comercial. En total, se estima
que el año pasado el déficit de la cuenta corriente se amplió hasta el 4.4 por
ciento del PIB. Se espera que precios más bajos de los productos básicos, en
parte atribuibles al nuevo brote del Coronavirus, mantengan el déficit externo
alrededor de este nivel en 2020. Se espera que el déficit continúe
financiándose holgadamente mediante una creciente inversión extranjera directa
e influjos de portafolio relativamente resilientes, dadas las muy favorables
condiciones financieras globales.
4. Se espera que el ciclo
crediticio de Colombia siga mejorando y sosteniendo la demanda. El crédito
comercial se está recuperando a la par con la economía, mientras que el crédito
de consumo está aumentando con rapidez. La solvencia y la liquidez del sistema
financiero continúan siendo sólidas, y la cartera vencida ha disminuido desde
que alcanzaron su pico en 2018. No obstante, una supervisión proactiva y una vigilancia
continua ayudarán a asegurar que los activos problemáticos continúen siendo
respaldados por provisiones adecuadas. Además, dada la evidente aceleración del
crédito de consumo, es importante que la Superintendencia Financiera (SFC)
continúe monitoreando de cerca estas tendencias para evitar el riesgo de
sobreendeudamiento y una acumulación potencial de cartera vencida en el futuro.
La misión apoya los requisitos de aprovisionamiento para mitigar los riesgos
asociados a los préstamos de consumo que están siendo considerados actualmente
por la SFC.
5. Han aumentado las
vulnerabilidades asociadas con los riesgos a la baja. Aunque se espera que el
déficit externo se financie con holgura, las mayores necesidades de
financiación externa elevan la vulnerabilidad de Colombia a un escenario a la
baja como, por ejemplo, una caída en los precios de los productos básicos y un
aumento marcado de las primas de riesgo. Posibles desencadenantes externos
incluyen una reanudación de las tensiones comerciales a nivel global o un brote
más generalizado y prolongado del Coronavirus. La crisis continuada en
Venezuela y los efectos indirectos debidos a las tensiones sociales de la
región constituyen fuentes externas adicionales de riesgo. Internamente, nuevas
protestas y paros laborales podrían ralentizar la actividad y retrasar
reformas. Otros riesgos internos incluyen un mayor deterioro de las condiciones
del mercado laboral y una insuficiente generación de ingresos tributarios, lo
cual podría resultar en importantes recortes en los gastos sociales y de
infraestructura para poder cumplir con la regla fiscal.
La combinación de políticas
macroeconómicas puede continuar sosteniendo el crecimiento y reduciendo los
desequilibrios externos
6. La postura de la política
monetaria continúa siendo apropiada. Se ha proyectado que la inflación cierre
el 2020 cerca de la meta del 3 por ciento, a medida que los choques de oferta
temporales del año pasado continúen desvaneciéndose. Con una prevaleciente
brecha abierta del producto, una inflación subyacente cercana a la meta, y unas
expectativas de inflación bien ancladas, la política monetaria podrá continuar
siendo moderadamente expansiva. La acomodación monetaria puede ser removida
gradualmente si la recuperación económica continúa y los riesgos a la baja
disminuyen.
7. Preservar la cobertura de
las reservas como seguro ante riesgos externos es importante. Mientras operaba,
el programa de acumulación de reservas del Banco de la República adquirió USD
2.8 miles de millones, que aunado con una rentabilidad acumulada de USD 2.3
miles de millones en 2019, aumentó la suficiencia de las reservas de Colombia.
La Línea de Crédito Flexible (FCL, por sus siglas en inglés) ofrece un colchón
adicional. Ante la elevada presencia de vulnerabilidades y riesgos externos,
debe considerarse una mayor acumulación de reservas hasta donde lo permitan las
condiciones del mercado. La flexibilidad de la tasa de cambio deberá seguir
siendo la primera línea de defensa contra los choques externos.
8. La política fiscal ha
reducido el déficit fiscal y debe continuar anclada a la regla fiscal. Al igual
que en 2019, la meta fijada por las autoridades para 2020 reduce el déficit
fiscal y estructural, y ahorra parte del espacio que fue ofrecido por el Comité
Consultivo de la Regla Fiscal. El plan de reducir la meta del déficit fiscal a
un 2.2 por ciento del PIB en 2020 es adecuado, considerando la robustez de la
demanda interna y el mayor déficit externo. En el mediano plazo, será necesario
un ajuste fiscal mayor que el contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo
de 2019 con el fin de cumplir con la regla fiscal. Un aumento de los ingresos
tributarios estructurales equivalente a 2 ó 3 por ciento del PIB podría ayudar
a alcanzar estos futuros objetivos en materia de déficit y a superar desafíos
de crecimiento e inclusión. En este contexto, la misión ve con buenos ojos las
recientes mejoras en materia de recaudo tributario y el hecho de que las
autoridades se estén concentrando en la eficiencia del gasto, incluyendo la mejor
focalización de subsidios, en línea con pasadas recomendaciones del Fondo.
Otras medidas podrían incluir la eliminación de regímenes preferenciales para
sectores específicos y la ampliación de la base de contribuyentes, siempre
protegiendo a los grupos vulnerables.
9. La misión también ve con
buenos ojos el reconocimiento por parte de las autoridades de gastos públicos
no reconocidos anteriormente, con el fin de aumentar la transparencia fiscal . El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
autoriza al gobierno central a reconocer obligaciones pendientes por concepto
de sentencias judiciales, seguridad social, subsidios a la energía y pasivos
por concepto de bonos pensionales y el FOMAG. Las autoridades han implementado
una estrategia bien definida para sanear estos pasivos, incluyendo su
programación y fuentes de fondeo, incluyendo una combinación de caja disponible
y emisión de deuda. La misión aprueba los planes de las autoridades para
fortalecer mecanismos de gasto y provisión para mitigar la acumulación de
futuras obligaciones—incluyendo el manejo de sentencias judiciales, la
auditoría y control de gastos en salud, y mejoras en la contabilidad fiscal de
los gobiernos subnacionales y compañías estatales. La deuda pública, incluyendo
los gastos públicos reconocidos, debería de comenzar a bajar en términos de
porcentaje del PIB si se cumplen los objetivos fiscales fijados por las
autoridades.
Reformas estructurales para
promover la estabilidad financiera, el crecimiento incluyente y la
competitividad externa
10. Colombia está
fortaleciendo su marco de regulación financiera. Como parte de sus esfuerzos de
modernización, las normas reglamentarias de la Ley de Conglomerados están
entrando en vigencia a comienzos de 2020. Esto incluye un aumento en los
recursos asignados a la SFC para la supervisión de dichas entidades, sus
riesgos a nivel consolidado y sus marcos de gestión de riesgo. En 2020 también
entrarán en vigencia las definiciones de requerimientos de capital previstos en
Basilea III. Como esto aumenta los índices de suficiencia de capital para la
mayoría de los bancos mientras que los requisitos adicionales en materia de
capital se introducen gradualmente, resulta apropiado mantener un mayor nivel
de supervisión durante el período de transición. Un Programa de Asesoría del
Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) se llevará a cabo más tarde
este año para revisar los marcos de regulación financiera, de supervisión y de
análisis de solvencia financiera.
11. Se requieren reformas
estructurales para fomentar el crecimiento, aumentar el empleo y promover la
inclusión. A raíz de las protestas, el gobierno está sosteniendo consultas a
nivel nacional, y en la recientemente aprobada Ley de Crecimiento Económico se
intenta abordar algunos temas de desigualdad con el fin de favorecer a los
hogares de menores ingresos. Los desafíos más profundos en materia de inclusión
en Colombia, sin embargo, requerirán reformas estructurales más fundamentales.
Deberá dársele prioridad a aquellos programas orientados a abordar las disparidades
regionales, y a fomentar el crecimiento incluyente de acuerdo con el Plan
Nacional de Desarrollo y el Acuerdo de Paz. Fuera de eso, vale la pena
considerar una significativa reforma pensional que incluya la ampliación del
pilar social Colombia Mayor y que elimine subsidios regresivos para las
pensiones más altas. La ejecución de las obras civiles va bien y se espera que
las inversiones en las obras de infraestructura 4-G reduzcan los costos de
transporte y contribuyan a impulsar las exportaciones, especialmente si se
complementan con una reducción de restricciones no arancelarias. Dado el alto
nivel de desempleo estructural, informalidad, y flujos migratorios, sigue
siendo prioritario el esfuerzo para fomentar el empleo formal.
La misión agradece a las
autoridades colombianas su colaboración y sus francas discusiones.
Departamento de
Comunicaciones del FMI
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